El coste público de incumplir las leyes

Hace más de cuatro años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya emitió un fallo contundente contra la norma española que permitía los desahucios en muchos casos en los que la legislación europea era mucho más protectora respecto a los derechos del cliente. La sentencia fue un paso positivo pero llegó tarde para muchos miles de afectados que perdieron su vivienda a causa de la mala aplicación de una norma hipotecaria europea que no se respetó en España.

Dos años más tarde, el mismo tribunal volvió a dictaminar contra otro aspecto negativo de la legislación hipotecaria española: falló contra las cláusulas de vencimiento anticipado y su retroactividad y en otro fallo añadió que cualquier juez debe poder analizar cualquier cláusula de un contrato, aunque nadie se lo pida, si considera que puede ser abusiva.

Hubo más avisos, pero los legisladores españoles no se dieron por aludidos. La Comisión Europea ha reclamado en múltiples ocasiones que se traspase a España la legislación hipotecaria europea. Una carencia que a día de hoy solo se mantiene en tres estados más de la Unión, mientras que el resto la cumplen. Además, el Tribunal Supremo español ha jugado descaradamente a favor de la banca, como cuándo impidió la retroactividad total de las compensaciones al cliente si se detectaba una cláusula suelo abusiva. En diciembre del 2016, el TJUE enmendó la plana al Supremo y le recalcó que una cláusula si es abusiva lo es desde el momento en que se firmó el contrato.

Lo más grave de toda esta historia de sentencias es que no se trata solo de un problema legal. Las cláusulas irregulares están detrás de muchos desahucios, de auténticos dramas familiares. Y además de este coste moral, tiene también un coste económico para el erario público muy alto.
Los abusos en la comercialización de productos bancarios están colapsando los juzgados y obligando a desviar fondos que deberían servir para tener una justicia más ágil, eficiente y eficaz a resolver problemas creados por no proteger a su debida manera y momento a los consumidores. Sin necesidad de llegar a extremos de proteccionismo: simplemente aplicando las mismas normas que la gran mayoría de países europeos que cumplen la legalidad de la UE.

El Gobierno que ha convertido en su escudo ante cualquier problema político la apelación al cumplimiento de la ley acaba de ser denunciado por la Comisión Europea ante el TJUE precisamente por llevar más de un año de retraso en trasponer la norma que debe proteger a los consumidores de hipotecas. Y ello a pesar de la cascada de sentencias europeas que demuestran negro sobre blanco que aquí no se respeta la tan cacareada legalidad.